Especial del Podio Político
Rodolfo Rodil
Diputado Nacional mandato cumplido (ex Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación)
En la madrugada del 24 de marzo de 1976 se consumó el golpe militar que destituyó a la entonces presidenta constitucional, Isabel Martínez de Perón. Los argentinos teníamos una larga experiencia en golpes militares que derrocaban a presidentes democráticos. Durante el siglo XX en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, las fuerzas armadas destituyeron a presidentes electos y se apoderaron del gobierno. Los golpes formaban parte de la “normalidad” de nuestra cultura política. Tal vez por esa razón, buena parte de la sociedad y algunos dirigentes políticos, aceptaron con indiferencia (en algunos casos con satisfacción), la llegada al poder de la dictadura militar más sangrienta de nuestra historia.
El dictador Jorge Rafael Videla se hizo cargo de la presidencia y, desde allí, puso en marcha un plan sistemático para perseguir, desaparecer, asesinar, secuestrar adultos y bebes, crear campos de concentración y centros de tortura, todas acciones enmarcadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, una estrategia impulsada por los EEUU para frenar el avance de las fuerzas políticas o sociales sospechadas de algún tipo de acercamiento al llamado, por la CIA, “bloque comunista”.
De acuerdo a esta doctrina todo aquel que no avalara las posiciones del gobierno era sospechoso y por lo tanto pasible se ser detenido, encarcelado sin juicio previo y puesto a disposición del P.E. o desaparecido. Ninguna norma que reconociera los derechos humanos más elementales, entre ellos el derecho a la vida y la libertad, fueron respetados.
El terrorismo de estado instaló el miedo en el conjunto de la sociedad. Mujeres y hombres con vocación política debíamos reunirnos clandestinamente o emigrar para no ser alcanzados por la maquinara del terror.
En los siete años de dictadura militar hubieron 30.000 desaparecidos, miles de torturados y detenidos en centros clandestinos, vuelos de la muerte y alrededor de 500 bebes secuestrados de los cuales 137 han sido recuperados.
El horror y el temor llegaron a su fin con el retorno a la democracia el 10 de diciembre de 1983 cuando asumió Raúl Alfonsín y en cumplimiento de lo prometido en su campaña electoral, hizo juzgar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad por la justicia penal que, en una sentencia ejemplar, los declaró culpables.
Cabe destacar que Argentina es el único país de Latinoamérica cuyo presidente tomó la decisión de impartir justica y castigar a los culpables.
Este 24 de marzo, después de 40 años ininterrumpidos de democracia, reforzaremos nuevamente el compromiso de defenderla luchando por la memoria, la verdad y la justicia para que en nuestro país las dictaduras no vuelvan “NUNCA MAS”.
